Preocupación en Costa Rica por la Regulación de la Inteligencia Artificial

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) han expresado su inquietud ante el avance de tres proyectos de ley que buscan regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en el país. Ambas entidades advierten que el tratamiento separado de cada iniciativa impide un enfoque integral, lo que podría generar regulaciones fragmentadas y contradictorias, afectando la innovación y la inversión en el sector tecnológico.

Los Proyectos en Discusión

Actualmente, se encuentran en análisis tres expedientes legislativos:

  • Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (Exp. 23.771)
  • Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (Exp. 23.919)
  • Ley para la Implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial (Exp. 24.484)

La preocupación de Camtic y CCCR se intensificó luego de que la Comisión de Derechos Humanos aprobara el expediente 23.919. Según estas entidades, una regulación excesiva y descontextualizada podría obstaculizar el desarrollo tecnológico del país y desalentar la inversión extranjera en este sector clave.

Riesgos Identificados por Expertos

El abogado especialista en derecho informático, Daniel Rodríguez, ha advertido que las iniciativas actuales generan más incertidumbre que soluciones concretas. En su opinión, los proyectos de ley adoptan modelos regulatorios inspirados en la Unión Europea, los cuales podrían no ser adecuados para la realidad costarricense.

“Regular la inteligencia artificial como se está planteando en Costa Rica no resolverá las preocupaciones existentes. Muchas de estas propuestas siguen la regulación europea, que no se ajusta a nuestras capacidades ni necesidades como país”, explicó Rodríguez.

Uno de los principales cuestionamientos del experto es la falta de transparencia y debate técnico en el proceso legislativo. Según él, se aprobó un texto sustitutivo sin claridad sobre su origen y sin la participación de actores clave del sector tecnológico, lo que podría debilitar la calidad de la legislación.

Obstáculos para la Innovación

Otro de los puntos críticos es que los proyectos actuales son demasiado específicos y rígidos, lo que podría volverlos obsoletos en poco tiempo debido al rápido avance tecnológico. Rodríguez manifestó especial preocupación por el expediente 23.919, ya que, si bien presenta aspectos positivos, también introduce trabas burocráticas que podrían desincentivar la innovación.

“Si una startup en Costa Rica quiere desarrollar inteligencia artificial, ¿cómo se le puede exigir una autorización previa del Estado? Además, ¿quién definiría los criterios para otorgarla y bajo qué parámetros?”, cuestionó el experto.

Posturas en el Congreso

Desde la Asamblea Legislativa, la diputada Vanessa Castro ha mostrado su apoyo a las preocupaciones del sector privado respecto al expediente 23.919. Sin embargo, defiende el proyecto que ella misma presentó, la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (Exp. 23.771).

“Me parece que es un esfuerzo importante, pero se vuelve rígido y estricto, especialmente tratándose de regulación tecnológica”, afirmó Castro.

Hacia una Regulación Integral

Ante este panorama, Camtic y CCCR han instado a la Asamblea Legislativa a conformar una mesa de trabajo que reúna a representantes del sector público, gremios tecnológicos, la academia y la sociedad civil. El objetivo es diseñar una regulación unificada que garantice el desarrollo responsable de la inteligencia artificial sin comprometer la innovación.

Los expertos coinciden en que Costa Rica necesita establecer reglas claras para el uso de la inteligencia artificial. No obstante, enfatizan que estas deben adaptarse a la realidad nacional y fomentar el crecimiento del sector tecnológico en lugar de restringirlo.

En un mundo donde la IA avanza a pasos agigantados, el desafío para Costa Rica es encontrar un equilibrio entre regulación y desarrollo tecnológico. La clave estará en promulgar leyes que permitan el uso responsable de la IA sin frenar las oportunidades de innovación y crecimiento económico que esta tecnología puede ofrecer al país.